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Financiación de la lucha contra el cambio climático para una transición justa centrada en los trabajadores y las trabajadoras
Muchos trabajadores y sus comunidades en todo el mundo se están viendo gravemente afectados por la aceleración de los estragos provocados por la crisis climática. Suelen ser ellos quienes sufren las peores consecuencias de unas políticas climáticas inadecuadas, insuficientes o directamente inexistentes.
En muchos lugares, la actual falta de trabajo decente y de empleos de calidad impide en gran medida garantizar los medios de vida, pese a que la transición hacia una economía mundial descarbonizada va a requerir la
creación de millones de nuevos puestos de
trabajo a lo largo de los próximos 25 años.
La Confederación Sindical Internacional
(CSI) y su base la Confederación Peruana de Salud (CPS) son la voz global de los trabajadores y la mayor organización
de movimientos sociales democráticos del
mundo, que representa los derechos e
intereses de casi 200 millones de trabajadores.
Como representantes de los trabajadores afectados por la crisis climática, es esencial que se nos consulte exhaustivamente y que podamos participar plenamente en las políticas que se desarrollen.
El año pasado el movimiento sindical obtuvo una importante victoria con la aprobación del histórico Programa de Trabajo para una Transición justa,
que reconoce la importancia de los “derechos laborales” en las negociaciones de las Naciones Unidas sobre el clima. Este reconocimiento debe plasmarse ahora en todo el trabajo relacionado con las políticas climáticas.
Al tiempo que nos preparamos para la
COP29 en Bakú, se necesitan decisiones
firmes sobre el Nuevo Objetivo Colectivo
Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés),
Que debe incorporar una transición justa con la participación de los sindicatos. El NCQG es el nuevo objetivo global para la financiación de la lucha contra el cambio climático, que está previsto se apruebe para finales de 2024.
De cara a la COP30 en Belém, instamos a todas las partes a preparar unas Contribuciones Determinadas a nivel Nacional (NDC) que incluyan políticas de transición justa.
Estas políticas deben garantizar trabajo decente, seguridad laboral, formación y desarrollo de capacidades, y protección social para todos los trabajadores y las trabajadoras afectados por el calentamiento global y las políticas de cambio climático.
Deben asimismo negociarse a través
de unos procesos sólidos de diálogo social
que cuenten con la participación activa de los sindicatos en todas y cada una de las fases.
Los problemas de los trabajadores
son sumamente importantes para el
NCQG. La manera de establecerse la
financiación va a tener implicaciones
profundas para los trabajadores y las
trabajadoras, en particular en lo que
respecta a qué puestos de trabajo se
crean y qué modalidad adoptarán.
La financiación es vital para proteger las
condiciones de trabajo ante las nuevas
realidades climáticas. El estrés térmico por sí solo provocó en 2022 la pérdida de 490.000 millones de horas de trabajo, y se prevé que en 2030 provoque una reducción del PIB mundial de 2,4 billones USD1. Las inundaciones de Pakistán de 2022 pusieron de manifiestoque la falta de atención a las necesidades de los trabajadores puede intensificar la magnitud de las pérdidas y los daños, con efectos devastadores para los trabajadores
de los sectores de la economía formal e
informal. Se necesita un enfoque proactivo,
y las estimaciones iniciales indican que la
financiación para una transición justa ascenderá como mínimo a 75.000 millones USD al año.
El éxito del NCQG va a depender del
reconocimiento explícito tanto de las
necesidades específicas de los trabajadores como del papel que estos
y desempeñen en la aplicación de las
soluciones climáticas.
Para ello, la representación sindical solicita
la inclusión de los siguientes puntos clave en la próxima versión del texto del NCQG:
1.- Garantizar la inclusión de los
elementos cuantitativos de una
transición justa para los trabajadores y
las trabajadoras.
2.- La evaluación de las necesidades
para la cuantía debe incorporar la
evolución de las necesidades de
los trabajadores, en particular: los
costes completos para apoyar el
empleo decente y de calidad.
3.- Exigir que todos los flujos financieros
en el marco del NCQG se ajusten
a los principios de una transición
justa definidos en el Acuerdo de
París, el Programa de Trabajo para
una Transición Justa, así como en la
Resolución de 2023 y las Directrices
de política de 2015 de la OIT relativas a
una transición justa.
4.- Garantizar que la transición justa
para los trabajadores, y en particular
el diálogo social y los derechos
laborales, se incluyan en el apartado
de elementos cualitativos.
Los trabajadores han de mencionarse
explícitamente y se les debe otorgar el
mismo estatus que a otros colectivos,
como las mujeres, los jóvenes, los
pueblos indígenas, las personas con
discapacidad.
Deben incluirse tanto el diálogo
social con los trabajadores como el
compromiso de las partes interesadas
con las comunidades afectadas, con
el fin de reconocer la importancia
específica del diálogo social entre
trabajadores, gobiernos y empleadores,
así como el proceso relacionado, pero
distintivo, del compromiso de las partes
interesadas con las comunidades
afectadas.
La transición justa también debe hacer
referencia a los derechos laborales,
con arreglo a la definición del Programa
de Trabajo para una Transición Justa y a
la Resolución de 2023 y las Directrices
de política de 2015 de la OIT relativas
a una transición justa, para garantizar
un enfoque integral centrado en los
trabajadores para una transición justa.
5.- Reconocer la financiación pública
como el núcleo del NCQG e incluir un
enfoque sectorial.
Los países desarrollados deben cumplir
con sus responsabilidades históricas.
Y debe haber asimismo salvaguardas
contra las crecientes cargas de la deuda. Para optimizar el impacto, el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG) también debe incluir plataformas sectoriales de financiación de la lucha contra el cambio climático (por ejemplo, transporte, energía, etc.) que integren el diálogo social.
Además, los países deben conservar
el control de los sectores estratégicos
esenciales para la transición climática,
como, por ejemplo, la energía, el
transporte público y las materias
primas.
Debe reconocerse el papel de
la propiedad y el control públicos, y las
condicionalidades de la privatización no
deben formar parte de ningún acuerdo
de financiación climática.